Atentado a la Seguridad Ambiental del País
COMUNICADO
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL
"Ante un Proyecto Violatorio a las Leyes Comerciales de la República Dominicana y atentatorio a la Seguridad Ambiental del País”.
Al : Excelentísimo Sr. Presidente de la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina.
Al : Al Congreso Nacional de la Republica Dominicana.
Al : Al Ministerio de Industria y Comercio.
Al : Al Ministerio de Medio Ambiente
A : La Opinión Publica, en sentido general.
Ante la extraña y sorpresiva aprobación en primera instancia, por parte de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 5 de septiembre de los corrientes, del ante proyecto de ley que busca regular el comercio y exportación de desperdicios de metales, chatarras y desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, mediante el establecimiento de un registro nacional de exportaciones durante diez años, llamamos la atención al pleno del Congreso Nacional de la República y a la opinión publica nacional, sobre el trasfondo real de este anteproyecto que ya cambia de nombre y trata de afectar a otros sectores, usando la sombrilla y la excusa del control del mercado de la chatarra y los robos de metales en el país.
Sorpresiva y aparentemente, el pleno de la Cámara de Diputados no conoció en detalle los grandes cambios y la dirección que busca tomar este ante proyecto.
¿En realidad se busca controlar las exportaciones de chatarra y evitar los robos de metales en las vías públicas, o de propiciar un monopolio en el mercado de las baterías en la Republica Dominicana?
¿Qué ocurrió con el objetivo del proyecto original que, por demás, era un adefesio jurídico, en vista de ser una repetición del reglamento 344.07 que rige el sector?
Ahora se le ha llamado: Proyecto de Ley para el comercio y la exportación de desperdicios de metales ferrosos y nos ferrosos, chatarras y desechos de cobre, aluminio y baterías de acido plomo usada (BAPU).
El objetivo queda develado y pone al Congreso Nacional en una peligrosa coyuntura y disyuntiva constitucional, al querer llevarlo a una trampa jurídica, beneficiando, con o sin conocimiento de causa, a una empresa que ha dado muestras de estar muy alejada de las normas medioambientales del país; de las normas y proceso de producción, y que, por demás, ha afectado directamente con sus residuos de plomo a comunidades nacionales.
Se consultó al sector exportador chatarrero y solo a una empresa nacional productora de baterías, pero no al sector que maneja el 95% del mercado,
El artículo 3 del capitulo II del anteproyecto de ley, reza:
Artículo 3.- PROHIBICIÓN. Se prohíbe a partir del primer año de promulgada esta ley la exportación de las siguientes partidas arancelarias completas: Pilas y Baterías de Pilas, eléctricas baterías o acumuladores de vehículos, camiones, inversores, montacargas y de cualquier clase o tipo, enteras, trituradas o partidas en pedazos. Acumuladores Eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares.
De nuevo, la inclusión del texto en el proyecto de ley y esta prohibición, amerita la pregunta:
¿LO QUE SE BUSCA EN LA PRÁCTICA ES REGULAR EL ROBO DE METALES, O PROHIBIR LA REEXPORTACIO DE BATERIAS USADAS?
¿Dónde están los estudios de medio ambiente de esa planta ubicada en Haina, lugar catalogado como uno de los tres mas contaminados del planeta, cuyo nombre sublime de "Paraíso de Dios”, se convirtió en todo lo contrario?
Señores legisladores, exijan documentación y vean en el accionar de esta empresa el pasivo ambiental que la misma ha dejado por años a nuestro país.
No se puede premiar con una Ley Especial a una empresa que está en la palestra mundial de la contaminación y que apenas maneja el 5% del mercado nacional, afectando el restante 95%, para que se convierta en un monopolio prohibido por la leyes nacionales e internacionales, y afectando de esta forma a miles de familias que viven y trabajan en este sector.
Los precios que se pagan para la reexportación de baterías, acabarán con miles de empleos informales cuando precisamente, lo que queremos es incrementar los empleos.
Por otro lado, tan importante como el impacto laboral es el impacto económico en los precios de las baterías. El valor de rexportación, deberá ser indexado al precio final de las baterías, porque ya las exportaciones según el proyecto quedarán prohibidas.
No creemos que la empresa en cuestión trate de valorar las mismas; más bien las tratará como chatarra sin atractivo económico alguno.
Peor aún: esto incentivará la creación de las fundiciones clandestinas, las cuales harán grandes daños ambientales en todo el país. En el pasado llegaron a existir unas 500 fundiciones clandestinas sin el mínimo control.
De pasar esta Ley, por querer complacer bajo alegatos falsos de incentivar la producción nacional, meteremos a nuestro país en otro pasivo ambiental.
Esa planta de marras, bajo la estructura actual de producción no podrá manejar el mercado nacional. En el resto de países del mundo las plantas altamente eficientes ambiental y económicamente, deben tener por lo menos un mercado cautivo de 15 millones de baterías anuales para su producción. El nuestro es de 2 millones.
¿Sabe el país qué se hizo con la escoria de la instalación de la planta anterior de esa empresa, ya que ni se exportó ni se fundió?
Honorables miembros de la Comisión de la Cámara de Diputados que estudiaron este proyecto:
Evidentemente a ustedes se les escaparon muchos elementos a considerar por el bien del país, en los Social, lo Económico y Ambiental.
¡Recapaciten! Aun estamos a tiempo!
Vía: Correo Masivo
