UN PACTO CONDICIONADO POR LA DEMOCRACIA
Desde la caída de la dictadura trujillista, las luchas políticas y sociales del pueblo dominicano han logrado conquistas conducentes a la vigencia de un régimen democrático: libertad de opinión, de organización política y social, separación de los poderes del Estado, instituciones que sirven de contrapeso a esos poderes y diversas instancias de participación política y social formales e informales de la sociedad civil.
Sin embargo, estás conquistas están hoy seriamente amenazadas por la entronización en los últimos años de un poder clientelista que utiliza el miedo como mecanismo de legitimación política y de cooptación, la exclusión social y la compra de voluntades y conciencias a través de los más diversos medios de la corrupción.
La concentración de poder alcanzada por la Presidencia de la República bajo Leonel Fernández se concreta en un texto constitucional que pone bajo el control del partido gobernante los poderes constituidos mediante la formación de mayorías mecánicas que excluyen de la toma de decisiones a los demás actores sociales. La consecuencia es el secuestro de los poderes y funciones estatales, en áreas tan sensitivas para la democracia como la presupuestal, el manejo de los recursos públicos, la justicia, los organismos electorales y de control del gasto y el Congreso. Es de esta manera que el Estado de derecho, base de una genuina democracia constitucional, ha muerto o casi ha muerto, siendo sustituido por una dictadura constitucional de fachada democrática.
Los fundamentos de esta dictadura constitucional están en el origen mismo de la Constitución aprobada en el 2010. Conectar esta Constitución con las propuestas surgidas de las consultas populares realizadas en 2006-2007 para dar legitimidad a la reforma, ayuda a entender la forma de Gobierno y de Estado que tenemos hoy. De estas propuestas fueron rechazadas las de mayor contenido republicano y democrático-participativo, tanto en el proyecto introducido por el presidente Leonel Fernández como, finalmente, por la Asamblea Nacional.
Esta dictadura constitucional se fortalece y reproduce mediante la incursión de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en las actividades económicas valiéndose de sus funciones en el Estado. El PLD se ha convertido así en una sólida corporación económica, con redes en el país y en el extranjero, que amenaza la libertad política y empresarial.
El movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia deja constancia de su independencia política, su vocación no coyuntural, su firme decisión de luchar por la democracia constitucional contra el continuismo no importa signo o color, por la libertad plena del ejercicio de las políticas, sociales, productivas, cultuales y de credo.
NECESIDAD DEL PACTO
El pacto que proponemos debe ser un compromiso de todos los actores sociales y políticos democráticos con el Estado de Derecho, con el saneamiento de la administración pública, con el desarrollo de políticas que pongan al ciudadano en el centro de los objetivos del Estado y, sobre todo, con una reforma política que desmonte la dictadura constitucional y que dote al país de instituciones verdaderamente democráticas.
No es un pacto limitado al momento electoral, sino un llamado a todas las organizaciones democráticas a convertir el espacio público en un espacio genuinamente ciudadano, a seguir avanzando en nuestras luchas por la democracia, la transparencia gubernamental y la justicia social. Pero en la actual coyuntura electoral es también un llamado para derrotar el proyecto continuista de la actual administración a través del binomio Medina/Cedeño.
Es necesario votar decididamente contra el continuismo del proyecto autoritario del PLD y es necesario obtener de las opciones políticas opositoras, en todas sus vertientes, su compromiso con un programa renovador que coloque a la nación en el verdadero camino del progreso. Es menester aclarar que aunque el PRD se perfila hoy como la única opción electoral en condiciones de derrotar el proyecto continuista, ello no lo hace acreedor de un cheque en blanco, por lo que este partido debe comprometerse claramente como todas las demás fuerzas opositoras con el cambio de la sociedad dominicana.
En líneas generales proponemos un compromiso alrededor de los siguientes temas:
I. Reforma política
- Iniciar la reforma política del Estado con el fin de desmontar la dictadura constitucional. El candidato ganador se compromete a someter, juntamente con las organizaciones sociales, un proyecto de ley de reforma constitucional que introduzca la figura de la constituyente como mecanismo de modificación constitucional, previa consulta popular cuyos resultados deberán ser sometidos a referendo, quedando el presidente vinculado de manera expresa con estos resultados.
- Impulsar la descentralización del Estado mediante la aplicación de la normativa que establece la transferencia del 10% del presupuesto a los municipios, y el apoyo a la autonomía municipal y a la participación de los munícipes en la gestión del desarrollo local.
- Colaborar con el desarrollo de un sistema electoral que garantice la competencia política en igualdad condiciones y que a su vez posibilite la transparencia de los actores políticos, eliminando el uso de los recursos del Estado, las prácticas clientelistas, la promoción del transfuguismo y la compra de lealtades. Además, comprometerse con la aprobación inmediata de la Ley de Partidos Políticos y con la selección del Defensor del Pueblo.
II. Crecimiento económico con equidad social
- Lograr un crecimiento económico con inclusión social, que cree empleos de calidad para reducir la pobreza, reestructure el aparato productivo, diseñe políticas públicas que mejoren la equidad social y de la inversión territorial, orientada hacia la población más vulnerable.
- Ejecutar políticas de inversión que limiten las diferencias regionales y potencien iniciativas que creen empleos, renta y calidad de vida en las localidades, mediante el incentivo a la microempresa, con solidas alianzas público/privado.
- Garantizar garantizar la infraestructura y proveer los servicios básicos que sirven de apoyo a la producción a todos los niveles, como es el caso particular de la energía eléctrica, que constituye un evidente factor limitador del desarrollo nacional.
III. Saneamiento de la administración pública
- Combatir corrupción y la impunidad. Aplicación de las leyes y normativas internas que condenan la corrupción pública y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual el país es signatario. Esto implica procurar la sanción de todo acto corrupto cometido en el pasado y los que se cometan bajo la futura administración. El Gobierno deberá proveer a los organismos concernidos los recursos necesarios para cumplir cabalmente sus funciones preventivas de la corrupción.
- Garantizar la independencia del Ministerio Público, como queda consignado en su Ley Orgánica, y designar en el cargo de Procurador General de la República a una persona que cumpla con el requisito de incuestionable probidad e idoneidad personal y profesional.
- Garantizar la independencia de los órganos de control del Estado, en especial de la Contraloría General de La República, a fin de poder constituir una función contralora eficiente.
- Aplicar de manera irrestricta la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado y establecimiento definitivo de la cuenta única de la Tesorería Nacional.
- Aplicar la Ley de Función Pública y la Carrera Administrativa, estableciendo un sistema de remuneración de los servidores públicos racional, transparente y que responda a las necesidades del servicio, eliminando el uso clientelar de la administración pública.
- Preservar los recursos naturales estableciendo políticas claras y transparentes de explotación de los recursos mineros e industriales, anteponiendo siempre el interés general y garantizando que se traducirá en bienestar para la sociedad, pero en especial para los ciudadanos donde se realice.
- Cumplir la Ley General de Educación y otorgar en el presupuesto de 2013 al sector al menos el 4% producto interno bruto para la educación inicial, básica y media, así como el 1% para la educación superior.
- Erradicar la práctica policial de ajusticiamientos extrajudiciales, violación de los derechos humanos y asumir el compromiso de crear y poner en marcha una política de seguridad ciudadana que refuerce el Estado de derecho.
- Garantizar que los recursos destinados a la cultura, consagrada como derecho por el artículo 64 de la Constitución, sean invertidos con transparencia y puestos al servicio de la creación de conocimiento que mejore la calidad de vida de la población.
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