C3 eleva recurso de amparo en contra de la Superintendencia de Bancos
El grupo Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3) pide al tribunal, a través de Mundaray como accionante, declarar bueno y válido la acción de amparo, declarar por sentencia la violación del acápite 1 del artículo 49 de la Constitución y disponer que la SB entregue la información requerida
23 DE ABRIL DEL 2012
Haivanjoe NG Cortiñas junto a los técnicos de la SB.Fuente externa/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El grupo Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3) elevó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que esta entidad obligue a la Superintendencia de Bancos, que dirige Haivanjoe Ng Cortiñas, a entregar tres tipos de informaciones requeridas con relación a la supuesta cuenta en euros que tendría la Primera Dama en un banco de Dinamarca, y que fue denunciado por el periodista de Santiago, Marcos Martínez.
El grupo, a nombre de Alexander Mundaray como accionante, le piden al TSA que declare bueno y válido el recurso de amparo, el cual fue recibido por el tribunal el 16 de este mes, y que ordene a la Superintendencia de Bancos entregar 1) la copia certificada de la solicitud mediante la cual esa entidad pidió a la superintendencia de bancos danesa que emitiera una comunicación en la que constara si Margarita Cedeño tenía o no cuentas en bancos de Dinamarca; 2) la copia certificada de la comunicación emitida por las autoridades danesas en la que supuestamente informaba que Cedeño no tiene cuentas en bancos de ese país; y 3) la certificación de la Superintendencia de Bancos local en la que conste que hizo la misma solicitud en el caso de Félix Bautista, senador y secretario de organización del PLD, y Alberto Cedeño, supuesto hermano de Margarita Cedeño, según Martínez.
La organización también solicita que el tribunal declare, mediante sentencia, la violación del acápite 1 del artículo 49 de la Constitución, “así como las demás disposiciones legales invocadas en el presente proceso judicial de amparo, violaciones estas ocasionadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana contra el accionante en justicia”.
Dicho acápite consagra el derecho de los ciudadanos dominicanos al acceso a la información pública: “Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley”.
También solicita, de acuerdo a la Ley 137-11 que crea el Tribunal Constitucional, se dicte un astreinte de 10,000 pesos por cada día de retraso en que incurra la Superintendencia en contestar la solicitud de la información.
La instancia está firmada, además de Alexander Mundaray, por los abogados apoderados, Reemberto Pichardo Juan y Hermes Guerrero Báez.
Carta en que se solicita la información:
Vía: Acento.com.do.
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